Chile es un país donde se privilegia la cantidad a la calidad, una nación en la que soluciones parches poseen mayor importancia que los planes bien acabados y basados en la responsabilidad ética a nivel de país. Una muestra de esto, es la aprobación -por parte de la justicia- del plan impulsado por el gobierno, con la finalidad de disminuir el volumen de embarazos no deseados en la población adolescente.

La idea, es que todas las niñas mayores de 14 años puedan acceder a la polémica “pastilla del día después”, pero, y aquí viene la discrepancia de algunos sectores, sin la autorización de los padres. Esto, sin duda, parece algo increíble, pues los progenitores son el pilar más significativo de una sociedad en la que la familia es lo más importante, según lo reconocido en nuestra carta fundamental.

Tratar de negar que los adolescentes están adelantando su despertar sexual es querer tapar el sol con un dedo. Sin embargo, nos parece irresponsable, de parte de las autoridades de nuestro país, establecer una norma, siendo que hay puntos muy importantes que no han entrado al debate público.

Entre los tópicos que no se han discutido se puede mencionar el problema de la administración misma, es decir, cuántas veces una joven podrá acceder en el mes a ese fármaco sin correr el riesgo de alguna contraindicación, de la misma manera, qué se hará para determinar la cantidad de veces que la persona ya ha pedido la píldora.

Lo anterior, debería lograr -por fin- una buena comunicación a nivel de instituciones hospitalarias. Para esto, se tendría que contar con sistemas computacionales en red, con el fin de que las mujeres no pudieran pedir (en ningún centro de salud) más píldoras de las que sean permitidas.

De la misma forma, es interesante estar al tanto acerca de cuánto le costará al gobierno implementar este “beneficio”. Después de todo, las administraciones gubernamentales tienen el deber de ser transparentes es todo momento, lo cual no se ha cumplido en esta situación.
Cuando hablamos de las razones que movieron al mandato de Michelle Bachelet para impulsar esta medida sanitaria, podemos decir que se hizo con la intención de que todas las chilenas tengan acceso a una vía anticonceptiva segura. La idea es que el “aborto” sea una facultad que no venga dada con respecto a clases sociales, es decir, que sea igualitario.

No obstante lo anterior, hay algo que nuestras autoridades tampoco han pensado, lo cual demuestra nada menos que ignorancia con respecto a este tema, y esto es la consiguiente y posible proliferación de enfermedades venéreas entre la población más joven de nuestro país. Por qué se preguntará usted, bueno la respuesta a esto es que al tener un “parche curita” al alcance, y sin una buena educación sexual de por medio, los jóvenes no harán de la prevención una parte importante de su vida.

Finalmente, entramos al tema relevante: la educación. Creemos que la mejor solución pasa por ella, por implementar buenos programas de comportamiento sexual y afectivo, tanto para padres como alumnos. Esto, según la ministra de la cartera correspondiente, Yasna Provoste, se estaría implementando en la primera semana de octubre.

Lo anterior no es una mala noticia, pero, sin duda, Chile debió haber comenzado por eso. Sin embargo, en una nación en donde las JOCAS fracasaron por la poca apertura que los chilenos tenemos a hablar de estos temas y porque los padres reconocieron que lo que hacían estas jornadas era sólo entregar información acerca de métodos anticonceptivos sin valores éticos de por medio, nos merece dudas que estos nuevos planes educativos sean viables.

Por todo lo mencionado, es de esperar que nos enfoquemos en el camino de la educación, pues es ella la que construye las culturas del primer mundo. De lo contrario, seguiremos siendo una nación mediocre con olor a esperanzas de un futuro y un estatus mejorado. Recordemos que no hay ninguna “píldora” que cure la incultura en la que estamos sumidos.

Gisselle Marchant.